Siento deciros que la democracia que nos enseñaron hace unas décadas, ha muerto.
En democracia, cuando otorgamos el poder mediante representación parlamentaria, con nuestro voto, lo hacemos en base a unas premisas o promesas previas. Cuando éstas son traicionadas se pierde el efecto de otorgamiento, ya que el voto es otorgado no por gracia dada, sino para realizar unas tareas específicas y no para tener impunidad y ejercer el poder con otros fines; si fuere así, estaríamos ante una dictadura de tiempo acordado. Y si el político sigue en el poder, a ese esperpento no puede llamársele ejercer el poder otorgado o democracia, sino usurpación de poder, tomar el poder por la fuerza del engaño.
El político o
partido divulga en campaña electoral, promete, publicita y cacarea unas acciones – como garantía – para
obtener los votos. Se conjura en una empresa con beneficio social. De hecho,
los partidos – para su credibilidad –, debieran presentar un proyecto que
demuestre cómo van a conseguir los objetivos, metas o sueños que venden. Si no
mantuviere lo prometido, en tiempo y forma, su incumplimiento debiera ser
catalogado como publicidad engañosa.
Al igual que cuando compramos una vivienda bajo plano, existen unas medidas, unos tiempos, una memoria de calidades y unas garantías aseguradas bajo póliza; del mismo modo en la acción política debieran ser exigibles muchos indicadores o KPIs. La vivienda tiene una influencias muy acusa en nuestra vida a corto, medio y largo plazo; la acción política puede desarrollar tanto un beneficio como un lastre de alto impacto para el devenir de nuestro futuro a corto, medio y largo plazo también.
¿Por qué no consideramos como publicidad engañosa las promesas electorales que luego no son cumplidas, o se convierten en acciones políticas contrarias a las promesas que nos vendieron?
La publicidad engañosa está regulada en nuestro código penal en el artículo 282, con penas de prisión de 6 a 12 meses. El resquicio legal del que se aprovecha la industria política es que este concepto está reservado a comerciantes o fabricantes. Pues bien, ellos, los políticos, son fabricantes de ideas e ideologías que luego venden al Pueblo a precio de voto. A eso se le llama vender o comerciar. Porque el voto genera escaños, y estos en base a su representación suponen unas cuantías dinerarias que se ejecutan en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) a cargo del erario público.
Los seres humanos nacemos libres y no podemos someternos a un voto ultrajado por la mentira, el engaño o la manipulación. Cierto es que la llegada al poder descubre muchas circunstancias o elementos inesperados; en este caso es obligación del político de turno exponer públicamente los imponderables y las correcciones necesarias, y si fuere preciso convocar nuevas elecciones. De lo contrario estaríamos ante una estafa política o fraude democrático. Recordemos las continuas negaciones de Rodríguez Zapatero, ante las evidencias de crisis, y aquellos brotes verdes que sólo veía él en las macetas de la Moncloa. Las consecuencias de su irresponsabilidad, la padecimos muchos.
Desde mi punto de vista, también suena a estafa las promesas que se realizan de forma electoral, sin conocimiento de la maquinaria a usar, o peor aún con la certeza que no se va a poder cumplir, como en ocasiones han hecho líderes de tres al cuarto que despuntan por su populismo, ineficacia o peligrosidad para la integridad del Estado.
Siendo el pueblo soberano, es el único capacitado para destituir al político o grupo político, con el ejercicio democrático o por la fuerza. Al perderse la relación entre promesa y otorgamiento se rompe la vinculación de permanencia, valorada por 4 años. Por eso es importante que los ciudadanos exijamos planes de acción o proyectos – con sus tiempos, métodos, responsabilidades, resultados y medidas –, en vez de promesas vacías. Quizás sea necesario inventar una nueva profesión, la de abofeteador de tontos.
