A parte de las viscerales y enfermizas razones históricas de algunas regiones, la razón del Estado de las Autonomías fue el acercamiento de la Administración al ciudadano, y todo basado en el concepto autonómico de la II República.
La crisis
económico-sanitaria actual ha dejado al descubierto y la luz pública la
ineficacia de un estado autonómico. En cuestión de sanidad, muchos han abogado
por devolver esta competencia al Estado, quién por cobardía política y
partidista se ha lavado las manos para curarse de culpas y se ha sacado de la chistera: la cogobernanza. 17 autonomías con 17 medidas
distintas que hacen diferentes a los ciudadanos ante una misma ley o Real
Decreto, y ante un mismo problema.
El sistema vejatorio que algunos
independentistas practican – con la aquiescencia de los gobiernos de turno –
hacia la educación en lengua española (erróneamente llamada castellano) y su adicción a reescribir la historia de forma
perversa, deja de manifiesto el peligro de mantener una educación en manos de
fanáticos. Del mismo modo se ha demostrado la parcialidad política con el
sistema penitenciario, competencia ésta que debiera ser rescatada por Estado.
Pero el gobierno actual – que a veces se antoja hasta corrupto – no sólo no la
rescata sino que las negocia con otras comunidades, cuyos partidos
representativos obligan bajo amenazas su transferencia.
El nivel de digitalización de la Administración Pública ya es considerablemente alto y puede incrementarse aún más. Y si a esto le añadimos que con la pandemia hemos aprendido a no acudir a las oficinas públicas, que la mayor parte de las gestiones y trámites pueden realizarse telemáticamente, ¿qué sentido tiene mantener una Administración tan extensa?
Aunque políticamente, hoy
por hoy, es inviable la vuelta a un Estado centralizado, debido a la disparidad
entre partidos e intereses de siglas, la propia UE, en varias ocasiones, ha
dejado clara su preocupación por el alto coste público que conllevan las
autonomías en España.
Cualquier país que aspire a
ser eficiente y sostenible, es difícil que pueda mantener a un sector público
que significa algo más del 13% de su población empleada con un salario superior
al 49,7% que el del sector privado. Pero claro, siempre es bueno que existan niños
chicos a los que culpar, culpemos pues a las pensiones.
¿Qué ocurriría en España, si
en vez de ser cada vez más burocráticos y afincados al sector servicios,
fluyésemos al sector productivo? ¿Y si abandonásemos el concepto autonómico de
la II República, y nos adaptásemos al actual contexto europeo y de economía
mundial?, ¿seríamos más eficientes?
Pues ya es hora de hacerlo,
y aquí tengo que dale la razón – muy a pesar mío – al actual ministro de
Consumo, si no queremos seguir siendo el país de los desperdicios. Dónde Europa
y otros nos ven como el lugar ideal para sus vacaciones y pasar una jubilación perfecta a
precio de saldo. Es el momento de dejar de ser lacayos al servicio de una
Europa industrializada.
De PolíticaTM
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